martes, 27 de mayo de 2008

León y el Estado Asociado

Hemos asistido estos días al debate producido por la propuesta de convertir la Comunidad Autónoma Vasca en estado asociado. Se trata de un episodio más dentro de la exasperante y desproporcionada atención informativa sobre el País Vasco. Tal agitación ha destapado una curiosidad creciente por las condiciones del concierto económico vasco. La conclusión es que la financiación de las haciendas forales cuesta dinero a todos, y a los empobrecidos leoneses también. Se expone ahora a los vascos -como lo ha hecho el foro de Ermua- que la propuesta del PNV podría poner en peligro este privilegio.

El “soberanismo” de Ibarreche pretende además romper la caja única de la seguridad social, y apropiarse de la gestión y recaudación de cuantos impuestos reste aún por controlar. Eso supondría que las empresas vascas pudiesen seguir vendiendo en todo el estado, pero sólo tributasen en Euskadi, sin posibilidad de redistribución de los recursos. Es inaceptable que una empresa radicada en el País Vasco venda en León e ingrese el impuesto de Sociedades, el IRPF, el IVA y casi todo el resto en unas haciendas forales estancas. En ese caso convendría plantear el traslado de la sede social de las empresas a otro punto del territorio o cerrar para ellas este mercado, como puede suceder con cualquier corporación portuguesa, por ejemplo. Si el actual acuerdo del cupo vasco se hace poco digerible, una posición de ese tipo, que convierte al resto del país en una colonia, no se puede tolerar. Para entender por qué tanto aspaviento baste citar que sólo Petronor tributó, en el año 2000, a la hacienda foral de Álava unos 14.000 millones de pesetas por el impuesto de sociedades. Sin embargo, el traslado de las cuatro patas financieras del País Vasco -Petronor, Iberdrola, BBVA y Corporación Cooperativa Mondragón- se ve como una agresión desde el gobierno vasco peneuvista.

Hemos echado de menos la voz de los partidos nacionalistas reclamando la corrección de un pacto que actualmente sólo puede significar que a León, por ejemplo, llegue menos dinero. El nacionalismo se debate entre la necesidad de denunciar un acuerdo de financiación injusto para sus comunidades, por un lado, y por otro la de no echar más leña al fuego y no dividir las posiciones de los nacionalismos. Sin embargo “comprar” la adhesión de las entidades forales no parece serio y, desde una postura responsable, tampoco sostenible por mucho más tiempo. Para un regionalismo responsable, el apoyo al foralismo debería desarrollarse bajo el requisito de estricta igualdad con el resto de las regiones. De no ser así se provocaría una ruptura en la unidad de mercado. El leonesismo no debería permanecer mudo ante tamaño atropello financiero. ¿Habrá valentía para dar respuesta a las posturas maximalistas del PNV?

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