Corre en los últimos tiempos la especie de que España va hacia su ruptura, que la fragmentación del país es irremediable. Tan telúricas afirmaciones vienen basándose en la petición de más recursos y competencias por ciertas comunidades autónomas. Sin embargo el curso de los acontecimientos indica que España evoluciona en sentido contrario.
A poco que se escudriñe los datos se esclarece tanta confusión como vierten los pescadores de ríos revueltos. Así, el año 2004 el Gobierno Central gestionaba ya menos del 20% del presupuesto público. Las comunidades autónomas ordenan desde hace años más recursos que el resto de las instancias oficiales. En el presente año se producirá un hecho novedoso: una autonomía superará el número de funcionarios estatales. Ni que decir tiene que la suma de las diecisiete rebasa tiempo ha la de empleados de los ministerios y organismos dependientes del Gobierno de España. Además, estos entes territoriales obtuvieron en las dos últimas legislaturas una importante porción de la normativa y recaudación de impuestos.
En estas condiciones ¿se puede dudar que si una autonomía hubiese optado por la segregación no lo habría intentado ya? La sorpresa es que, aunque muchos lo esperaban, no existe ni siquiera indicios de una iniciativa abiertamente desvinculadora. En las mejores condiciones posibles para los independentistas no se ha rebasado el treinta por ciento del voto nacionalista en el País Vasco, del que sólo parte es partidario de la fragmentación. Será difícil que vuelvan a contar con un escenario más favorable que el que disfrutaron. En Cataluña el separatismo es electoralmente minoritario, por más que se quiera inflar el asunto gracias a la notoriedad de Carod. En el resto del país reúne grupúsculos con escasa base argumental y menos aún social. ¿De qué hablan entonces quienes denuncian la ruptura de España?
Cuando se revisa el famoso Plan Ibarreche, del que tanto se ha mentido, queda patente que los nacionalistas vascos no quieren la independencia, sino una especie de confederación. En otras palabras, aspiran al acceso libre de las empresas vascas al mercado español, pero sin mecanismos de compensación interterritorial, que viene a ser lo de siempre: lo mío para mí y lo tuyo a medias. Ahora algunos catalanistas, que no todos, se quieren apuntar a un sistema de financiación que aborda su última etapa: el foral vasco y navarro; una fórmula que, aunque constitucional, es inaceptable para un creciente sector de la opinión pública.
Resulta que en la economía española, estrechamente entrelazada, hay tantos auditores como administraciones y caben cada vez menos ventajismos. Eso nos va a permitir disfrutar de un futuro en el que sea muy difícil jugar con tretas desleales en el equilibrio territorial.
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