Economías Autonómicas

Son muchas las ocasiones en que se hace referencia al crecimiento económico de Castilla y León. Se suele utilizar datos estadísticos absolutos, sin hacer constar las posibles comparaciones con otras zonas del Estado. Los juicios de valor así emitidos merecen una atención escasa, ya que un aumento anual del PIB del 3% -a priori un buen dato- es una mala noticia si los otros territorios autonómicos crecen al 4%, porque supondría un retraso respecto al resto de España.

En esta línea argumental acaban de hacerse públicos los datos de la Contabilidad Regional de España por el Instituto Nacional de Estadística. La nota de prensa, disponible en internet, no puede ser más esclarecedora en su exposición. Los datos acumulados entre 1995 y 2002 permiten afirmar que España sumó un crecimiento del 26,4% (base 1995). Castilla y León fue la penúltima comunidad en esta tabla con un 18,5%. Sólo Asturias creció menos: el 16,8%. Por esta razón la Junta de Castilla y León debiera hacer una corrección en sus líneas centrales de actuación, puesto que, a juzgar por los resultados, parecen abiertamente inadecuadas.

Destaca en el opúsculo cómo unas autonomías ganan peso en el conjunto de España (Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Navarra, Canarias, Cantabria y Extremadura fundamentalmente), mientras otras sufren una pérdida de relevancia continuada (Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Galicia, Castilla y León, y Asturias). A esta divergencia se añade que son algunas de las comunidades más ricas las que más crecen, mientras que algunas de las más pobres (Galicia, Castilla y León, y Castilla-La Mancha) son las que menos.

Otro dato aportado por el estudio viene a mostrar que el poder adquisitivo, comparado con la media europea de los quince, ha mejorado en todos los territorios autonómicos entre 1995 y 2002. Sin embargo, Castilla y León, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia son los que menos han mejorado en este índice. Por ello sería conveniente revisar si los mecanismos de redistribución de recursos del Estado están funcionando adecuadamente. En el caso de esta autonomía la situación es aún más grave, puesto que no sólo somos relativamente más pobres, sino que además perdemos más población que ninguna otra comunidad.

En resumen, ni crece nuestro PIB colectivo lo suficiente, ni nuestro poder de compra individual mejora al mismo ritmo que la media estatal. Es evidente que se hace necesario una aguda autocrítica y la consecuente revisión de la política autonómica. En este marco las acusaciones de victimismo al uso parecen un producto de la ceguera de quien está a la defensiva. ¿Tendrá el nuevo equipo de gobierno de la Junta la voluntad de encontrar un nuevo camino para la gestión autonómica?