Financiación Autonómica

Hace pocas semanas los leoneses hemos asistido a la ardua negociación entre las comunidades autónomas y el estado para acrecentar los presupuestos que éstas gestionan. Se ha intentado evitar los desequilibrios adoptando unos criterios que los partícipes han aceptado como buenos. Así, a fin de asignar los fondos mediante un modelo objetivo, que haga medible cualquier desviación y que explicite inmediatamente un tratamiento desigual entre regiones, se han elegido tres parámetros de referencia. Se trata de la superficie, la población y la dispersión poblacional. Según dichas condiciones Castilla y León debería recibir este tramo presupuestario en función de que supone casi el veinte por ciento de la superficie estatal, entre un seis y un siete por ciento de la población y de que agrupa a la décima parte de los núcleos. Asumido por el gobierno autonómico que este sistema de reparto es justo, cabría plantearse que, en consecuencia, debería ser de plena aplicación en la asignación de fondos a las dos regiones que, según el estatuto de autonomía, forman Castilla y León. En último caso, por aquéllos que no tienen claro qué provincias constituyen León, siempre se podría realizar una aplicación provincializada con idénticos criterios, lo que vendría a subsanar los desequilibrios locales en el gasto. Según esto, a la provincia de León le correspondería la sexta parte del presupuesto autonómico por su superficie. Si atendemos a la población sería una quinta parte y, de acuerdo al número de núcleos, casi la cuarta. En otras palabras, León debería recibir, aproximadamente, la quinta parte del presupuesto autonómico. Sin embargo, cuando se intenta saber, a través de las memorias de ejecución presupuestaria de cada consejería, cuánto recibió efectivamente en tal o cual año nos llevamos una enorme sorpresa. No existe en tales documentos la cifra final provincializada de gastos e inversiones. Sólo encontramos la referencia a diversas partidas que, consultadas, nos llevan a la conclusión de que León percibe cifras minúsculas si se comparan con ese veinte por ciento que debería recibir. La cuestión tiene cierta enjundia porque, preguntados repetidas veces estos últimos años los portavoces autonómicos por los datos provincializados del presupuesto, han manifestado que los desconocen. Entonces, cabe preguntar: si la población y la superficie son criterios reconocidos hace años para percibir las transferencias del Estado y sus soportes económicos ¿por qué no se hace uso del mismo criterio en su ejecución provincial? ¿por qué se utiliza otro modelo de gestión presupuestaria si éste, reconocido por la Junta, es tan bueno y esclarecedor?