Durante las últimas semanas se ha publicado que empleados de la Junta podrían haberse beneficiado con la urgencia de ciertas autorizaciones de huertos solares. Mientras tanto, PSOE y UPL adolecen de una pasividad bochornosa. Es tal el barullo informativo sobre el tema que conviene sintetizar.
La puesta en marcha de campos de producción eléctrica fotovoltaica es una actividad muy rentable por cuanto está subvencionada. Para ser autorizados se requiere de los permisos de varias administraciones, entre ellas la autonómica. Los proyectos han de ser aprobados por ciertos departamentos o por comisiones interdepartamentales.
La cuestión es que empleados públicos afectados directamente por la tramitación de estos expedientes son propietarios o copropietarios de plantas fotovoltaicas. El asunto no pasaría anecdótico si hubiesen pedido permiso para realizar dicha actividad o se hubiesen retirado de la tramitación, pero no lo hicieron. Además consta que varios de esos expedientes fueron tramitados en meses cuando lo habitual es que se demoren años. ¿Por qué? Las subvenciones se reducirán en octubre.
A la espera de conclusiones definitivas, podría existir tráfico de influencias. Como esto afecta a cargos de confianza -puestos a dedo-, éstos deberían ser cesados en su totalidad y señalado su mentor. En el caso de quienes ejercen como funcionarios por oposición debería dirimirse la incompatibilidad y actuar en consecuencia sin más.
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