Agua, Política y Demagogia (1996)

Hablar en estos días de agua, del Plan Hidrológico Nacional o de trasvases es invocar a la discusión, al contraste y, frecuentemente, al conflicto.
A estas horas cientos de núcleos de población en todo el Estado sufren restricciones de agua; nadie conoce con seguridad cuándo dejarán de sufrirlos o si los horarios de corte de suministro se alargarán. Miles de hectáreas de tierras cultivadas en toda la Península están viendo recortados los suministros de líquido para riego. Todo parece indicar que los problemas se agravarán al menos hasta bien entrado el otoño-invierno.
En medio de esta vorágine de imprevistos surgen por todas partes las voces de políticos de una u otra sigla haciendo encendidos discursos y, sobre todo, dejando escurrir hacia el oponente más cercano las críticas por imprevisión, por irresponsabilidad y por clientelismo político.
Sin embargo, en este fragoroso cruce de inculpaciones y exculpaciones se echa de menos voces independientes y reconocidas del mundo científico-técnico que marquen una pauta, fijen unos jalones o expongan su visión del problema con una óptica de interés general. ¿Dónde están nuestros expertos, nuestras instituciones públicas de investigación?.
Mientras tanto, los ciudadanos intentamos encontrar una explicación y una solución a este complejo cúmulo de circunstancias. Desde nuestra posición de ciudadanía activa hemos conseguido distinguir varias partes en el problema y quisiéramos contribuir con nuestra aportación a una discusión tan trascendente como ésta.
1-EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL.
Este documento, a redactar por la Dirección General de Obras Hidráulicas, nunca se ha llegado a concluir. Contempla la planificación hidrológica de España hasta el año 2.012. Por contra, dentro del marco del Plan Director de Infraestructuras, ya editado en 1993, se redactó la Sección V de dicho Plan, titulada “Recursos Hídricos” que, como citamos textualmente, “se debe inscribir en el seno del Plan Hidrológico Nacional” (pág 293 del PDI).
La razón de fondo de esta demora, aunque el PDI dice que “en el caso de los recursos hidráulicos es evidente que la desagregación en territorios debe ser la correspondiente a las cuencas hidrográficas”, está en el documento “Directrices Generales de Ordenación Territorial” del Gobierno de Aragón. En resumen, la creación del PHN, según aducen indirectamente las autoridades del Ministerio, está en lo espinoso del tema, pues provoca la lucha entre las comunidades autónomas afectadas. Las DGOT de Aragón, por poner un ejemplo, prevén “líneas de actuación referidas al inventario y a la protección activa de los elementos y recursos naturales presentes en territorio aragonés”, como las aguas, según explicita. Que se sepa, Aragón no es ninguna cuenca hidrográfica, pero su Gobierno Autónomo considera prioritario proteger dichos “recursos aragoneses”.
Otro ejemplo más reciente es el desencuentro entre las posturas de los gobiernos murciano y castellano-manchego ante el trasvase de 45 Hm cúbicos para el regadío del primer territorio, medida que resultó ser política ya que los satélites demostraron que era peor la situación en los cultivos manchegos que en los levantinos. Así podríamos citar muchas situaciones más de este tipo referidas a la lucha por el agua entre autonomías, pero éstas pueden bastar.
El hecho de que la regulación de los recursos hídricos se incluya en el PDI demuestra que el agua es un bien estratégico para el desarrollo. En una España donde, además, el agua es un bien relativamente escaso, dejar ésta en manos del Estado es facilitar que, como otras veces (de amargo recuerdo para los leoneses), tras el “interés general” se oculten las dádivas electorales o los intereses de ciertos grupos de poder. Al fin y al cabo son los votos los que ponen y quitan presidente de gobierno, sea éste nacional o autonómico. Hace mucho tiempo que no vemos a una autoridad inmolarse políticamente, dimitir, por el bien común. Entonces, ¿por qué habríamos de confiar en uno u otro ministro?
2-EL CRECIMIENTO DEL ARCO MEDITERRÁNEO.
Tras la paralización que sufre el PHN en su fase de redacción debido a las luchas interautonómicas, aparece una segunda cuestión que es la que titula este apartado. El denominado Arco Mediterráneo, que comprende las provincias y/o comunidades autónomas que van desde Almería a Gerona, concentra las mayores tasas de desarrollo desde hace unos 30 años.
La política de aprovechamiento turístico de “sol y playa” a ultranza junto con la concentración de infraestructuras públicas de comunicaciones a lo largo de esta zona, han propiciado la aglomeración de la población en dicha franja costera. El desarrollo simultáneo de los regadíos y de la industria alimentaria, ésta última sobre todo en Valencia, ha generado unas demandas de agua que ya hace 15 años estaban por encima de los recursos hídricos disponibles.
Consignas como la de uno de los equipos de gobierno valenciano que afirmó: “el agua no puede ser una limitación para el desarrollo de esta comunidad”, nos muestran en qué medida las autoridades locales adoptaron una postura poco responsable ante una situación que en el segmento Valencia-Murcia, ha generado unas demandas que ya hace 15 años estaban por encima de los recursos hídricos excedentes. Es decir, ya se consumía más cantidad de agua de la que podría ser sostenible.
3-LA SEQUIA EN EL NORTE.
En el otro extremo de la Península, áreas tradicionalmente excedentarias en recursos hídricos como Galicia, Asturias, Cantabria o León, ven cómo algunas de sus poblaciones de ser abastecidas con camiones cisterna. Esta circunstancia se debe, no tanto a la escasez de agua como a la falta de redes de distribución desde los caudales permanentes.
Las zonas de nieves perpetuas hasta hace 20 años permanecen hoy sin una sola mancha.
Podríamos así resumir la situación en varias conclusiones:
-El Plan Hidrológico Nacional se pretendía redactar bajo el supuesto de nieve durante casi todo el año. El nivel de precipitaciones, en general, ha descendido, pero el correspondiente a la nieve se ha reducido drásticamente, de forma que en los veranos no existe más reserva hídrica que la de embalses y capas subterráneas (cada día con niveles freáticos más bajos y a mayor profundidad).
Llegados a este punto, si consideramos de forma conjunta los tres elementos que se han comentado, el agua debería ser gestionada por el Estado ya que estaría bajo el nivel de competencia gubernamental al ser un bien de “interés nacional”. Sin embargo, siendo éste además un bien estratégico para el desarrollo económico, ninguna comunidad autónoma, incluidas las que reclaman trasvases, renuncia a la gestión de sus aguas. De hecho, las propias comunidades receptoras desean decidir el destino del agua trasvasada una vez entre en su territorio.
-La supuesta solidaridad que invocan las comunidades receptoras no es tal ya que los trasvases hasta ahora efectuados durante el presente año (Tajo-Segura) no suponen el aprovechamiento de un excedente, sino una elección política del Estado, el cual decide a quién se favorece y a quién se perjudica en función de criterios poco claros. Por otra parte, los trasvases considerados como más urgentes benefician sobre todo a las autonomías más ricas.
-Entrar en una política de trasvases para cubrir las carencias hídricas es fruto de la imprevisión, ya que se da una solución que no es permanente (el clima no es una constante), frente a la desalinización que sí lo es. De hecho el trasvase Tajo-Segura nunca ha superado el 30% de su capacidad trasvasable porque los excedentes del Tajo han ido decreciendo. La pluviometría no es una constante; varía a lo largo de los años y en éstos últimos lo está haciendo a la baja en casi toda la Península. Cualquier solución basada en las estimaciones de la pluviometría actual es coyuntural por principio.
-La decisión de concentrar población en el Arco Mediterráneo, creando más demanda que la oferta hídrica disponible, ha sido en gran parte política. Recordemos que la autopista del Mediterráneo (Barcelona-Málaga) comenzó a construirse en el año 70. Aquellos fueron años de solidaridad del Noroeste con el resto del Estado. Concentrar ahora más población en el Noroeste, donde existen aún excedentes, es la opción más solidaria que pueda tomarse. Para ello bastará con completar las autovías y otras infraestructuras pendientes.
-Los embalses en el Noroeste cambian de filosofía al pasar de tener dos fines, como se cita en el PDI (la regulación de avenidas y la reserva de agua), a tener fundamentalmente uno: ser reservas hídricas. El uso de dichas reservas debiera ser tan cercano al embalse como fuera posible a fin de reducir las pérdidas de transporte, que son estructurales; cada kilómetro de acueducto implica unas pérdidas de agua que se deben considerar constantes dentro de unos mínimos, puesto que no existe lugar alguno del mundo en el que no se produzcan.
Sin duda, nos encontramos ante el mayor “río revuelto” de la política en España en este fin de siglo. Es una oportunidad para garantizar el futuro de los leoneses no comportarse de una forma timorata y caduca. Si tanto interés tienen las regiones más ricas en recibir un bien tan preciado sin poner una sóla peseta de su bolsillo autonómico, quizá vaya siendo hora de reclamar para el Noroeste esa solidaridad nunca recibida y tan predicada durante las últimas décadas desde sus parientes más ricos: Infraestructuras para el desarrollo a cambio de un bien estratégico como el agua.