lunes, 26 de enero de 2009

León, Pensiones, Dinero y Autonomía (1995)

A cuenta del revuelo formado en León por la moción solicitante de un referéndum en la Provincia para salir de la Comunidad Autónoma actual, se han podido escuchar abundantes opiniones. Entre ellas han llamado poderosamente la atención las relativas a una supuesta incapacidad económica del territorio para soportar los gastos autonómicos. Dentro de ese campo argumental se ha podido oír, incluso a economistas, una auténtica barbaridad, un error de bulto, un argumento inaceptable donde los haya por su falsedad: León recibe más de lo que aporta del Estado, puesto que las pensiones cobradas en la Provincia suponen más que lo que se cobra en impuestos. Paso a explicar la situación real a quienes, no sé si intencionadamente o no, contribuyen a confundir a la opinión pública con esta peregrina afirmación. Como todos sabemos, en las nóminas existe un descuento efectuado por la Hacienda Pública, del que una parte se destina a capitalizar un fondo nacional de pensiones, que garantiza la existencia del sistema nacional de pensiones. Todos los trabajadores están obligados a realizar esta aportación, que supone una acumulación de dinero y derechos durante 40 a 45 años de media. Ese fondo, con los réditos correspondientes, se percibe a partir de la edad de jubilación -unos 65 años–. Además, los jubilados también sufren retenciones en su paga y han de realizar la declaración de la renta en las mismas condiciones que cualquier trabajador. Tras pagar impuestos durante toda su vida productiva deben seguirlos pagando al cobrar su fondo obligatorio de pensión estatal. Otra cosa es que nuestro sistema de pensiones sea de reparto y no de capitalización, pero eso es un tecnicismo que no varía el fondo de la cuestión para los contribuyentes: se generan unos derechos para luego percibirlos. Son las pensiones no contributivas, con tanto de solidario como de demagógico en su actual forma, las que han descuadrado las cuentas al sumarse a una gestión bastante ineficiente. En otras palabras, los pensionistas no son una especie de mendigos que viven de la beneficencia estatal, como parecen querer decir las opiniones antes citadas. Cotizan durante toda su vida productiva para cobrar una pensión que, ni más ni menos, se han costeado previamente. Otro problema bien diferente es la gestión que el estado haya hecho de ese dinero o cómo estén calculadas las pensiones a percibir. En definitiva, ese casi 30% de pensionistas que viven en nuestra Provincia son tan financiadores del Estado como el que más. Una vez esclarecida esta cuestión, León resulta ser una contribuyente neta a las arcas estatales. Pero aún ahora no podríamos medir cuánto. Los trabajadores del sector privado en cualquier provincia, salvo el contingente mínimo dedicado a la administración y servicios locales son generadores de recaudación neta. Sin embargo, en Madrid y Valladolid uno de cada tres trabajadores ocupados lo hace para la administración pública. Dichos trabajadores se localizan en estos lugares por decisiones estrictamente políticas. Pese a que aportan sus contribuciones como cualquier ciudadano, no podemos olvidar que sus sueldos son pagados con los impuestos sobre la economía productiva. Existen lo que podríamos llamar “trucos contables provinciales” que esconden lo que realmente aportamos los leoneses en otros apartados. Así, empresas como la MSP, la Hullera Vasco-Leonesa, Aceros Roldán, Construcciones Begar y muchas otras que tienen sus cabeceras productivas y sus centros operativos en León, mantienen sus domicilios sociales en otras provincias, por lo que figuran documentalmente como foráneas y abonan allí el Impuesto de Sociedades. El truco está en que sin cabeceras productivas no tendrían actividad alguna, pero, legalmente, el registro mercantil se puede hacer donde se quiera dentro del territorio nacional. Otro truco ya comentado es el relativo a los funcionarios. Este grupo de trabajadores tiene una productividad estimada en el 33% de la que tienen los trabajadores del sector privado, de lo que resulta que constituye una enorme bolsa de economía especulativa deslocalizada. Supuestamente genera ingresos al Estado, en forma de impuestos, y se ubica donde políticamente le interesa al mandatario de turno. ¿Cuántos sueldos de funcionario paga la “economía real” leonesa? Sin duda más de los 18.000 que existen en nuestro territorio. Se dice que Madrid es la Provincia que más impuestos paga de España; es muy posible que así sea mientras continúe como capital de España, aunque sea a costa de los ingresos que la economía productiva del resto del país genera a la Hacienda Pública. Finalmente, parece necesario buscar un indicador capaz de medir la producción. Un marcador que muestre la riqueza de una zona como León y su capacidad tanto para contribuir a las arcas del Estado como para mantener una autonomía propia. Esa herramienta ha de ser muy transparente y poco susceptible de falsearse con datos generados por la actividad política inmediata. Existe y tiene un nombre: “tablas input-output”. Para no realizar una exposición demasiado compleja se puede decir que son el cálculo de cuánto entra y sale en valor monetario real, de los límites puestos en cuestión. Las “tablas input-output” de León muestran una Provincia claramente aportadora de riqueza al conjunto español. Los retornos a esas aportaciones son, en general, bastante inferiores a nuestras contribuciones productivas. En conclusión y puesto que, además, el índice de paro provincial es inferior a la media nacional León hace una muy abundante aportación a las arcas del estado y de la autonomía a cambio de muy poco. En este sentido, por todo lo dicho podemos afirmar:
1- Que los pensionistas no son subsidiados, sino beneficiarios del fondo nacional de pensiones que han constituido ellos mismos con sus capitalizaciones a lo largo de muchos años.
2- Que la aportación de impuestos es muy superior en todos los capítulos en León que en el de la supuesta potencia industrial vallisoletana. Es muy significativo que el censo de contribuyentes según el IAE a 31-XII-92 para el sector secundario, o sea, el industrial muestre 3.081 contribuyentes industriales para León por 2.336 en Valladolid. No se trata tanto de acrecer el ya clásico quejido antipucelano como de bucear en las razones que han hecho pasar a Valladolid de 450.435 habitantes en el año 1975 a los más de 500.000 de hoy a pesar de su escasa capacidad de creación de nuevas empresas.
3- Que en estas condiciones la Junta de Castilla y León ha hecho crecer a Valladolid a base de bombear recursos de otras zonas hacia esa provincia.
4- Que el registro de nuestras empresas en otras zonas es perjudicial para la economía leonesa, lo que va ligado a la actual configuración autonómica.
5- Que León está sufragando un abundante número de sueldos de funcionario fuera de sus fronteras a pesar de ser una zona desfavorecida. Esos empleos deben sumarse a los generados por la actividad económica inducida por el consumo de esas familias con un sueldo público.
6- Que Valladolid ha crecido sustancialmente en los últimos 15 años a partir de la actividad producida por las sedes autonómicas. Por la misma causa León podría permitirse una autonomía propia. Otra discusión diferente es lo que votarían los leoneses en un referéndum. Cuando se haga lo sabremos.
7- Que León genera riqueza suficiente para mantener un aparato autonómico propio, lo que sería muy recomendable de cara a garantizar, desde su primer día de funcionamiento, un retorno razonable de los recursos que, vía impuestos, son sustraídos de la economía local. En definitiva, León puede ser autonomía, pero es un suceso frecuente que algunos lo desechen al considerarse a León un centro de segundo o tercer orden. A eso se le llama complejo de inferioridad.

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