El "plan del carbón", ese programa pactado por sindicatos, empresas y gobierno para reducir el coste de la energía -según se nos explica por el Ministerio de Industria- está de actualidad cada semana desde hace unos meses. Tal y como ha expresado el motor de dicho plan, el Gobierno Español, parece ser que la Unión Europea presiona para reducir las subvenciones a las empresas españolas del sector a fin de que sea el mercado quien marque los precios del mineral. Posteriormente se ha añadido como razón los altos costes de la energía eléctrica en España, que repercuten sobre nuestras industrias provocando que pierdan competitividad. Otro argumento de peso que han esgrimido los detractores del carbón es su alta capacidad contaminante cuando se quema en las centrales térmicas, con el agravante de la producción de lluvia ácida cuando el contenido en azufre es alto. A esto se añade la alta siniestralidad laboral, las malas condiciones de vida de los trabajadores, la insalubridad de la profesión minera y la precoz jubilación de una fuerza de trabajo que suele acabar sus días tras una penosa enfermedad hoy por hoy incurable.
Como puede deducir el amable lector por lo expuesto hasta ahora, la minería del carbón, como casi todo en esta vida, puede presentarse como algo infernal, decimonónico y obsoleto. Algo que se puede presentar ante una opinión pública poco informada más como un tema sentenciado que como una cuestión de debate donde todo el mundo aporte su información. Sería muy triste que una sociedad como la leonesa, que cuenta con el sector minero como parte indisoluble de su idiosincrasia, se dejase llevar por corrientes de opinión que, como intentaremos explicar, no son ni imparciales ni desinteresadas en todo este tinglado montado con un fin concreto: liquidar la minería del carbón autóctona como primer paso para reducir al mínimo la producción termoeléctrica de origen carbonífero.
Así es necesario explicar que la Unión Europea presiona para reducir ayudas en aquellas empresas en situación de claro abuso, es decir, en aquellas que no justifican su actividad en modo alguno, pero que son mantenidas con fondos públicos casi en exclusiva. En el caso español hay una empresa que supone prácticamente el 75% del problema: HUNOSA. Esta empresa tiene, para que se hagan una idea, unos gastos de personal superiores a los ingresos obtenidos con la venta del carbón. El resto del gasto corriente, las inversiones, ..., todo está cubierto por el Estado.
Esta es la primera clave de la negociación que el Ministerio de Industria ha intentado evitar a toda costa: una cosa es hablar de HUNOSA y otra es hablar del resto de empresas. Pues bien, debido a las presiones del Sr. Álvarez-Cascos, gijonés de origen, no ha sido posible poner sobre el papel un tratamiento diferenciado para ambas minerías. Para quien haya seguido las negociaciones se ha hecho patente que el problema asturiano -en el fondo casi el único problema- se hacía intocable tras la irrupción del Vicepresidente en las mismas. En esta situación el resto del sector, solapado con una empresa enorme y ruinosa, debe sacrificarse en aras de una solución favorable para HUNOSA. Todo ello se declare lo que declare en las ruedas de prensa por los negociadores puesto que nada hay por escrito sobre la necesidad de un tratamiento especial para la cuenca asturiana.
Por otra parte la minería leonesa genera más ingresos a la hacienda pública que gastos produce. En esa situación e incluso en peor está el sector en otros estados como Alemania, en donde no parece haber tanta premura para reducir la producción. La Unión Europea, en fin, no pretende reducir la explotación si no es necesario, pero obliga a racionalizar los costes; esta explicación no es la misma que se expresa a diario en las instancias oficiales.
Sobre el coste de la energía eléctrica en España habría que hablar en términos que afectasen a todos los factores de coste de las compañías eléctricas por un igual. Así cabría que formulásemos la pregunta de cómo es posible que el culpable del alto precio de la energía sea el carbón mientras dichas empresas baten todos los topes de beneficios en estos últimos años. ENDESA fue en 1996 la empresa española con más beneficio neto: 165,088 millones de pesetas; IBERDROLA la sexta con 90,034 millones, SEVILLANA la decimocuarta con 31,388, FENOSA la vigésimo segunda con 22,591, HIROCANTÁBRICO la trigésima con 16,485, FECSA la trigésimosexta con 13,375 y la UNIÓN DE CANARIAS la cuadragésimo octava con 11,673 millones. Éstas empresas demuestran que el sector trabaja con unos márgenes muy altos. Todas se hayan entre las 50 grandes empresas españolas por beneficios y acumulan más de 350,000 millones de pesetas con una rentabilidad media altísima. Desde luego el carbón no le ha sentado muy mal hasta ahora a este sector.
En cuanto al nivel contaminante del carbón térmico es muy llamativo que dos de las explotaciones más contaminantes: la de As Pontes y la de lignitos de Teruel no se cierren de inmediato por los altos contenidos de azufre -superiores a todo lo permitido otras empresas- en el mineral. Quizá tenga algo que ver la naturaleza de sus propietarios: casualmente son empresas públicas. ¿Cómo se justifica un criterio tan absolutamente parcial para pedir por la misma razón cierres en las minas en León?.
En lo relativo a la salubridad laboral de estas industrias extractivas resulta extraño que no se aplique el mismo rasero para el resto de la minería ya que con otros minerales la problemática sanitaria y social es muy parecida.
En otras palabras: ¿existen razones objetivas que aconsejen la pretendida liquidación del sector carbonero en León?. Si el saldo para las arcas del Estado es positivo: no. Aún más, si la expectativa actual es que mejore la productividad y con ello la rentabilidad económica carece de sentido este afán por el cierre de minas y, con ello -aunque no se diga- de las centrales térmicas en León a medio plazo.
¿Qué otros intereses pueden existir contrarios a nuestro carbón?. Explicaremos aquellos que deducimos:
La presencia del Vicepresiente Álvarez-Cascos cuya influencia ya ha sido expuesta.
La presencia de un Ministro de Industria, Josep Piqué, cercano a los círculos de la presidencia de la Generalitat Catalana es otro factor de gran importancia. No hay que olvidar el apoyo expreso del gabinete del Sr. Pujol al proyecto expansionista de GAS NATURAL, donde la participación de LA CAIXA es muy importante. El hecho de que el capital catalán haya invertido en el desarrollo de un gran proyecto gasista que conduzca hacia la ocupación del hueco que hoy ocupa el carbón es fundamental para entender lo que está pasando. La dependencia energética catalana del resto de España, que tanto ha preocupado al "Honorable" y que se vio paliada con la contribución de las centrales nucleares de ASCÓ y VANDELLÓS, podría así verse definitivamente resuelta en el futuro.
La influencia del capital vasco es también de enorme importancia en este entramado. El gobierno de Vitoria ha manifestado repetidamente su preocupación por la dependencia energética del exterior. Fruto de esa preocupación nace el plan energético autonómico E-2005 que prevé pasar de un 20% de producción autóctona de la energía consumida en Euskadi a un 82% en 8 años. Todo el plan está basado en crear la infraestructura suficiente para generar esa energía a partir del gas. La empresa vasca IBERDROLA contribuirá como está previsto transformando la central térmica de Santurce en otra de ciclo combinado a gas.
Tras todo lo expuesto deseamos formular a los lectores las siguientes preguntas. ¿Qué impacto puede tener sobre las centrales térmoeléctricas de León una drástica caída de la demanda como la que se está preparando en las zonas más consumidoras de energía?. ¿Qué impacto tendrá por lo tanto sobre las poblaciones y cuencas que viven directa o indirectamente de la industria extractiva y energética?. ¿Dónde están en esta negociación los intereses de León y quién los defiende?. Dejamos a los lectores estas cuestiones para que les apliquen cumplidas respuestas.
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