Capitalidad Autonómica

Las recientes declaraciones de un miembro del PSOE sobre la posibilidad de otorgar a la ciudad de Valladolid la capitalidad autonómica merece un análisis para interpretar el significado de esta propuesta.
Hasta el momento ningún miembro del partido socialista se había manifestado en este sentido. La declaración se produce cuando la negociación de la reforma estatutaria está en pleno desarrollo. De ellos se infiere que esta cuestión está siendo objeto de negociación.
La aparición de un sector del PSOE a favor de la figura de la capitalidad es un factor nuevo. Se conocían movimientos al respecto en el PP, sustentados por de la Riva y Villanueva. Lo que se deduce por tanto es que hay un segmento de los políticos autonómicos que, con independencia de su adscripción política, están a favor de la ley de capitalidad de Valladolid.
El caso no tendría mayor trascendencia si se tiene en cuenta que este grupo lo integran principalmente políticos de esa ciudad, por lo que sería minoritario. Sin embargo, como Villanueva ha copado con su equipo los puestos de responsabilidad de la Junta y en el PSOE no se ha levantado ninguna voz matizando dichas declaraciones, la propuesta puede tener una proyección superior.
Nos encontramos, pues, en un nuevo escenario de negociación, con dos bandos ideológicos por un lado -PSOE y PP- y con dos grupos territorialistas –los centralistas frente a los descentralistas- en los que se mezclan miembros de los dos grandes partidos.
Por su parte, la repercusión que tendría la capitalidad de Valladolid es grande si se tiene en cuenta lo acontecido hasta ahora. Hemos asistido a cómo Valladolid, sin ser capital, se quedaba con la mayoría de las sedes administrativas, como las cortes, presidencia o las consejerías. El parque tecnológico, el centro de artes escénicas, los institutos cofinanciados por Iberdrola como compensación por la producción energética, el centro de hemodonación, el 112, el recinto ferial autonómico, las sedes de las televisiones pública y privada e incluso –que ya es decir- el centro de interpretación de la naturaleza de Castilla y León se han fijado en Valladolid.
El objetivo parece ahora legitimar esa sistemática centralización con el control de la Confederación Hidrográfica del Duero, que controla el agua de León -imprescindible para el crecimiento de Valladolid- y evitar que ninguna otra cosa esté fuera de la ciudad. La capitalidad podría suponer también a medio plazo el traslado de la sede del Procurador del Común –en León-, del tribunal de justicia –en Burgos- y de las sedes de las grandes cajas –León y Salamanca- sin oposición.
Por eso los políticos leoneses han de imponer, si les queda autoridad, negociadores que defiendan la reforma del estatuto respaldando una estructura autonómica policéntrica.