Mancomunidad de Territorios

La reforma estatutaria emprendida por los dos grandes partidos de esta autonomía es un caso singular. El proceso, que ha comenzado con el pacto de ambos para trabajar sobre un borrador, se mueve en la indefinición.
El que la reforma nazca de una reacción de los políticos para no ser menos que los de otras comunidades parece determinar el curso de los acontecimientos. A diferencia de otras autonomías, donde se abrió el proceso por iniciativa propia, se carece de ideas-fuerza para acometer los primeros trabajos, lo que pone en tela de juicio su necesidad.
Si se ha de acometer una modificación del documento fundacional de este ente autónomo parece lógico que se hiciese sobre la base de corregir carencias del anterior. Por eso es necesario analizar cuáles son los principales fallos de la redacción en vigor.
Se debería recordar que la Junta de Castilla y León nace como producto de los pactos entre partidos, a su medida y lejos de la voluntad popular. Por esta razón el estatuto reformado debería subsanar tan notable fallo reflejando la realidad social de la comunidad en la actualidad, que es, además, distinta de la de 1983.
En la medida en que eso se logre se debería incluir una referencia a la peculiaridad cultural de León, el territorio más definido de la comunidad. En referencia a Castilla es conveniente asumir que carece de uniformidad. Poco tiene que ver culturalmente el tercio norte de Burgos con Ávila, por ejemplo. Por eso los analistas estatutarios deberían proponer un planteamiento de territorio abierto en lo cultural.
El debate sobre la historicidad de la comunidad autónoma es otra muestra más de las debilidades y complejos con que las dos fuerzas mayoritarias afrontan la reforma. Esta autonomía podría definirse con carácter propio y, ausentes los mimetismos, iniciar un camino nuevo, diferenciado del resto de las que abordan la reforma estatutaria.
La Junta no necesita administrar una “comunidad histórica”, algo cuyo alcance político se desconoce, pero que se devalúa más cada día. Se podría definir la autonomía como una red multipolar de poblaciones basada en la multiculturalidad y en la apertura. Cuando la Junta insiste tanto en el papel de León y Castilla como intercambiadores entre regiones –hasta en los textos escolares- es momento de pasar a la práctica.
El crecimiento de la autonomía como una sociedad poliédrica nos acercaría, a otra escala, a modelos como el suizo o el australiano, novedosos en una maraña autonómica plagada de seguidismos y de referencias al medievo y a pueblos inexistentes.
En definitiva, la reforma estatutaria debería de acometerse bajo la premisa de crear un camino propio para una comunidad diferente. Sólo así el estatuto podrá reconciliar su redacción con la sociedad a la que se presume que representa.