El sábado, 3 de Junio, ha tenido lugar una manifestación pidiendo la autonomía leonesa. El evento consiguió reunir varios miles de personas. La cuestión tiene más trascendencia de la que podría parecer en principio si se tiene en cuenta cómo se organizó.
Un grupo reducido de personas que no constituyen una organización estructurada, aunque puedan estar individualmente adheridas a distintas asociaciones, decidieron de común acuerdo convocar a los leoneses a una manifestación. Se pretendía reivindicar el derecho a la autonomía de la única región histórica española a la que no se le ha dado acceso a su autogobierno: el Reino de León.
A este respecto hay que recordar que León, Zamora y Salamanca constituyen una región histórica desde que se promulgó el Real Decreto de 30 de Noviembre de 1833. Como consecuencia, se reconoce en la vigente Constitución Española el derecho, como el de todas las regiones históricas, a su autonomía. Desde este punto de vista la motivación legal de la convocatoria es impecable.
La organización no contó con el apoyo de los partidos políticos locales. Tampoco todo el leonesismo civil estuvo de acuerdo con la convocatoria por cuestiones de forma (el momento no parecía adecuado), que no de fondo (reclamar la autonomía).
Se dispuso de pocos medios. Carteles de una evidente humildad de diseño, apenas megafonía, inexistente repercusión fuera de la ciudad y escasa presencia en los medios auguraban una respuesta pobre. Por esta razón la reunión de entre dos y cinco miles de personas en esta coyuntura es un hecho insólito. Pocos convocantes podrían reunir en León una cifra similar. ¿Qué habría pasado si el acto se hubiese organizado con medios materiales y humanos suficientes?
Los políticos de León, y las instituciones locales y autonómicas deberían tener en cuenta las enseñanzas que se extraen de estos actos. El hecho de que personas sin militancia política, pero preocupadas por su tierra, empiecen a comprometerse de forma pública en la demanda de los derechos históricos de esta región puede condicionar el mapa político leonés considerablemente.
La causa de esta eclosión reposa en el surgimiento en la calle de una conciencia creciente acerca del desencaje de León en este mapa autonómico. Todo indica que el movimiento civil está tomando el relevo en esta cuestión, lenta pero inexorablemente, al ineficaz juego político. Además el comportamiento de la Junta con León parece la crónica de un atropello (sanidad, aguas, montes, patrimonio, industria...), lo que potencia aún más este proceso.
La reforma estatutaria podría ayudar a compensar, siquiera parcialmente, las insatisfacciones leonesas. De lo contrario el futuro a largo plazo de esta frustrante autonomía podría pender de la consistencia que alcancen estos movimientos civiles.
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