León lleva unos años experimentando el auge desmedido de la construcción de nuevas viviendas. El progresivo descenso de los tipos de interés sumado a un creciente precio de los alquileres produjo un aumento de la demanda de los particulares. Ese ascenso de la demanda indujo, a su vez, el alza de los precios, lo que convirtió los pisos en un bien de inversión. Esto les daba utilidad a pesar de que pudiesen estar vacíos. La tendencia fue potenciada también por el efecto de la imitación, tan común en amplias capas sociales.
El resultado ha sido una expansión general de los cascos urbanos como no se conoció en otro momento de la Historia. Dicha tendencia a la disipación de las ciudades viene unida al empobrecimiento de la oferta de empleo. Asistimos a la aparición de generaciones de españoles cuyos salarios son sustancialmente menores que los de sus padres en términos relativos. Esto les expulsa del centro de las ciudades hacia barrios donde la vivienda es más barata, si es que pueden pagar una hipoteca. A ello se suma la importante demanda de los inmigrantes, que se concentran entre las capas de menor poder adquisitivo.
Existen factores del mercado que están cambiando y empujan la marea de compras en sentido contrario con una fuerza moderada. El ascenso de los tipos de interés, de cuartillo en cuartillo, sumado al ascenso imparable de los precios hace que estratos sociales cada vez más amplios se vean en la imposibilidad de acceder a las hipotecas. El estancamiento de los alquileres también influye en este sentido. Sin embargo la creciente valorización de la vivienda propia como fondo de ahorro para la jubilación así como la aspiración a la propiedad, ya firmemente establecida, impiden una parada brusca de la expansión urbanística.
En ese escenario cabe esperar cierta continencia de la eclosión urbanizadora de las ciudades leonesas. Sólo un tirón económico y poblacional podría minimizar las fuerzas que van en contra del crecimiento urbano, pero para esto es necesaria más inversión pública.
La inversión pública supone siempre aditividad, es decir, multiplica su valor por la llegada de capital privado acompañante, y del empleo. Así la inversión pública en un aeropuerto supone la llegada de empresas para rentabilizar la nueva instalación, la creación de un área logística pública, otro tanto y una carretera nueva activa flujos económicos privados inéditos.
En León la inversión pública de la administración local está lastrada por las deudas y las extensas plantillas. La inversión del estado se halla limitada por el remate de los ejes de comunicaciones. Es la administración autonómica la que más flexibilidad inversora detenta. En esta coyuntura ¿puede el sector de la construcción leonés permanecer pasivo ante los resortes del poder?
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