Se ha hecho público que el anunciado INTECO, un instituto nacional dedicado a investigar en las tecnologías de la telecomunicación, se ubicará en el Polígono de la Lastra. El anuncio ha producido reacciones de rechazo en el entorno de la Junta de Castilla y León, que pretendía que se instalase en el incipiente Parque Tecnológico de León. La cuestión se ha presentado por el PP como un derroche de fondos públicos y algunos han intentado insinuar que existe una trama inmobiliaria tras esta decisión.
Parece normal pensar que dicha entidad es muy adecuada para ubicarse en un parque tecnológico, pero, en cualquier caso, esa es una decisión libre en la que influyen muchos más factores que la simple denominación de un recinto como tal. Para empezar, el publicitado polígono de pretendida excelencia en innovación va a recibir una planta de producción, que inicialmente se iba a situar en un polígono industrial, como principal motor. El resto de las cinco anunciadas se dedican a esa actividad o a la consultoría.
Además, la Junta no ha captado en firme ninguna empresa que no estuviese funcionando ya en León. En definitiva, el manoseado parque tiene de “tecnológico” los letreros, ya que las empresas que han comunicado su traslado allí no cuentan con una preferente dedicación al I+D+I. Por esta causa, la reacción de la Junta parece motivada porque el INTECO podría haber resuelto el papelón que sus consejerías han desempeñado hasta ahora en el Parque Tecnológico de Oteruelo.
Además, el desarrollo del INTECO se pretende, según parece, rápido. Dejar en manos de la Junta más información y margen de decisión sobre sus actividades que las imprescindibles parece poco recomendable en ese caso a la vista de su actuación en estas tierras. La Junta debería conseguir por sí misma empresas e institutos de nueva implantación en la autonomía para este presunto recinto tecnológico, al igual que hizo en otro.
Por otra parte, poner como escándalo urbanístico una operación en la Lastra de 1,4 millones de euros por la compra de 6400 metros de suelo resulta incongruente. ¿Es millón y medio de euros un problema de estado? ¿Qué se puede decir entonces de la pretensión de adjudicar con extraña urgencia un contrato por 45 millones de euros a 15 años sin acuerdo de todos los grupos por mantener las orillas de los ríos en la capital leonesa? ¿Tiene algo que decir la Junta al respecto?
Lo único importante del INTECO es su rápido desarrollo, cuestión que a la Junta parece preocuparle menos que el lugar de su implantación. Por esta causa cabe pensar que los responsables del ente autonómico podrían dedicarse a hacer su trabajo, dejar de bloquear proyectos y explicar, de paso, qué ha hecho la Junta por León en 23 años, si se excluye el MUSAC, construido con las plusvalías de Eras.
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