Una vez se ha cerrado la propuesta de nuevo Estatuto de Castilla y León podríamos valorar lo que ha sido este paso previo. Hay que recordar que dicho texto es un borrador que será objeto de discusión y modificación en el parlamento autonómico. Una vez cubierto ese trámite será enviado al gobierno central para su revisión, modificación, si procede, y aprobación.
Así pues nos encontramos ante un texto preliminar, que se ha convenido como base de trabajo por los dos partidos mayoritarios. En consecuencia emitir valoraciones como si se tratase del redactado definitivo es precipitado y probablemente desaconsejable.
La reforma estatutaria se pretendía llevar sin prisas, según expresaba Herrera, por lo que podía prolongarse su redacción previa hasta 2007. Por el contrario, a posteriori el cierre del texto pactado ha tenido lugar a empujones, lo que ha producido el desconcierto de todo aquél que, ajeno a tanta volubilidad, esperaba poder elaborar y exponer propuestas. Ello, sumado al secretismo en que se han desarrollado las deliberaciones hasta los últimos instantes, ha contribuido a la plasmación de un texto ajeno a la opinión y al debate públicos.
Las conversaciones se han desarrollado entre un PSOE en el que los militantes de la FSL han tenido mucho que decir y un PP en el que el aparato provincial leonés ha permanecido ausente. Los socialistas leoneses han visto cercenadas muchas de sus propuestas sobre León. Además, las pocas que quedan corren el peligro de ser mutiladas en su discusión en las cortes vallisoletanas. Ni siquiera el texto del preámbulo, que proponían un padre de la cosa autonómica y una historiadora leonesa, ha conservado su integridad. Hasta la historia ha sido víctima de la merca política.
Cabe destacar que el preámbulo cita una serie de obviedades sobre León, pero es que incluso éstas quedaban solapadas en las ambiciones castellanistas. Asumamos que hasta lo evidente ha de ser defendido si es de aquí. Respecto a los exiguos avances en el reconocimiento de la singularidad leonesa, más valdría preparar su defensa ante las sesiones parlamentarias que se aproximan. Los correligionarios castellanos pueden pasar como una apisonadora sobre cualquier alusión específica.
En definitiva, el debate del estatuto sigue abierto porque así permanece su tramitación. Para León cualquier mención será un avance porque nada tiene en la actualidad. Sin embargo eso no puede justificar que nos conformemos con cualquier cosa. León es diferente, lo refleje o no el estatuto, y esa cuestión debería quedar de manifiesto en el debate parlamentario, sea cual sea el resultado. Como corolario, ahora que se reivindica la memoria histórica convendría repasar los orígenes de este desencuentro mal llamado “comunidad”. ¿O se tratará de una memoria selectiva?
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