Asistimos en las últimas semanas a un debate entre el PP y el PSOE sobre el anteproyecto de una ley que tratará de ordenar la explotación forestal en la Autonomía. Esta norma es necesaria para desarrollar la Ley de Montes estatal, que ha sido aprobada no hace mucho.
El tono de la discusión ha ido derivando hacia lo político, ya que se ha trasladado desde los aspectos que desarrolla la ley autonómica a una simple escaramuza entre facciones enfrentadas. Como se sabe, este anteproyecto afecta directamente a las juntas vecinales leonesas, que son los mayores propietarios de montes de la Autonomía. Por esta razón la ausencia de la UPL en el debate sería chusca, si no fuese por la importancia del tema, y resulta inexplicable.
Los concejos leoneses acumularon durante siglos unas cuantiosas propiedades de las que buena parte son tierras. Sobre muchos de estos terrenos encontramos actualmente bosques con un diverso grado de aprovechamiento.
Parece que los técnicos coinciden en que hasta nuestros días llegó una enorme superficie forestal que supone un recurso cuantioso. La Junta, que ha encontrado este recurso sin más, pretende, mediante la ley, intervenir de manera casi confiscatoria en los montes.
La oposición planteada por el PSOE, sumada a la evidencia de un texto que es un arrebato de poder abusivo por parte de la Junta, ha obligado a sus cargos políticos y a los ponentes a echarse a la calle para explicar las bondades del anteproyecto de ley. A esto contribuye que no ha existido intención de hacer un texto fácil de revisar. El redactado consta nada menos que de 65 folios, dimensión disuasoria para una mayoría. Tal extensión se debe al detallado, que trasluce una voluntad inequívoca intervención.
Los ponentes técnicos están de acuerdo en algunos casos. Es probable que eso se deba a que la ley va a garantizar centenares de puestos de trabajo para los estudios forestales, ya que, tal y como se desarrolla el texto, su presencia sería intensiva.
Además, los participantes en la redacción previa recurren a comentar que la interpretación de la ley es positiva para las juntas vecinales, a fin de convencer a los afectados en sus exposiciones. Hay que decir que eso es opinable y que denota ingenuidad. La ley siempre será interpretada por la Junta en su favor, como es lógico, y el texto le otorga casi todos los poderes. De hecho los propietarios de montes pasarán a tener una papel de mero espectador si la Junta quiere, porque ésta se arroga prácticamente todos los poderes de decisión en la gestión de las masas forestales.
Sin embargo conviene entrar al desarrollo del texto para saber de qué estamos hablando en concreto, ya que algún ponente se queja de escasa argumentación por parte de los opositores a la ley. Sobre eso nos extenderemos el miércoles.
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