El alto número de empleados que reúne la nómina de algunos de nuestros principales ayuntamientos es un problema. Dicha cifra está directamente relacionada con los gastos de personal, de manera que municipios como el de la ciudad de León exhiben su desmesura en ese capítulo.
La hipertrofia del capítulo de personal tiene graves consecuencias sobre el funcionamiento institucional y, sobre todo, en las ciudades. El empobrecimiento de la urbe, la degradación de sus dotaciones y atraso son huellas palpables que se aprecian en Villablino, por poner un ejemplo tan palmario como el anterior.
La sobredimensión del personal es un signo de clientelismo político en la mayoría de los casos. En consecuencia, se trata de un uso irresponsable de los fondos públicos, que sirven frecuentemente para comprar votos y pagar prebendas. Al beneficiado se le ha de dotar de medios materiales para trabajar o hacer que parezca que trabaja y, desde el día de incorporación, genera gastos de administración, teléfono, material de oficina, etc. En definitiva, cada empleado innecesario consume una abultada retahíla de medios que se suman a la nómina.
Para justificar tanta contratación innecesaria los políticos municipales se inventan nuevas competencias y desempeños que suelen escapar de la lógica municipal. Así se llega a la configuración de una suerte de “ciudades estado” donde caben servicios ciertamente exóticos al lado de otros propiamente municipales.
El problema no lo sería tanto si existiese un control adecuado del rendimiento. Por el contrario, las nóminas municipales hinchadas son el refugio ideal de la molicie, el descaro y la ineficiencia. La cuestión empieza por la incorporación de “intocables” –amigos de tal o cual concejal-, a los que nada se les dice por su explícita inactividad o incompetencia. Eso mina la moral del personal legítimamente contratado, que ve desincentivado su esfuerzo.
La consecuencia es que los beneficiados contribuyen a la igualación de la productividad por su rasero más bajo. De esa manera la mole municipal va cayendo por una espiral de inactividad que devora recursos, impide prestar servicios adecuadamente y ahoga las posibilidades de inversión en la trama urbana.
La pérdida de capital que debería estar destinado a la inversión en favor del mantenimiento de esa red clientelar inane impide generar actividad empresarial a través de la contratación. Además suele traducirse en un retraso de los pagos a las compañías proveedoras, lo que ahoga sus economías. En esas condiciones las ciudades reducen su perfil económico, y quedan inermes ante el desfase y el envejecimiento de sus infraestructuras, ya que no quedan fondos para la renovación.
En conclusión, se impone acometer cambios que laminen este derroche en nuestras atrasadas ciudades.
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