El proceso autonómico ha cubierto progresivamente diversas etapas. En la primera se establecieron las bases legales y la organización interna de cada una de las comunidades.
Posteriormente, una vez creadas y dotadas de estructura orgánica, se inició un proceso por el que el gobierno central traspasaba servicios públicos para que fuesen prestados desde la nueva institución. Actualmente el proceso transferencial está prácticamente completo. De hecho, las autonomías ofrecen hoy más servicios a los ciudadanos que el gobierno central.
Poco después de iniciarse las transferencias entre administraciones dio comienzo la tercera transformación. Si bien al comienzo las comunidades autónomas recibían del gobierno central las partidas para cubrir los gastos, posteriormente se ha descentralizado buena parte de la recaudación, que ha pasado a ser realizada por las autonomías.
Con la plenitud de ambas cesiones -competencial y fiscal- casi colmada se experimenta un cambio en la posición del gobierno autonómico ante el ciudadano. Las comunidades han de lograr suficiencia económica y administrarla sin que el gobierno central pueda ser culpado ya de una atención presupuestaria deficiente. Por añadidura, el seguidismo de ciertos gobiernos autónomos azuzó la reivindicación para pedir iguales potestades de gestión que los más ambiciosos. Este inmaduro proceder puede reportar problemas de autofinanciación y conducirá a una prestación de servicios desigual entre autonomías. Es obvio que la situación económica de cada una es diferente y el camino administrativo más conveniente no tendría por qué ser, en consecuencia, el mismo.
En tal escenario hemos alcanzado el curso político que ahora comienza. Los datos económicos permiten apreciar cómo la economía del estado es equilibrada, aunque ese dato esconde que las de algunos de sus componentes son divergentes. En lo relativo al gobierno central la situación de la seguridad social y las cuentas de sus administraciones son claramente positivas. Por el contrario, el panorama de buena parte de las autonomías es comprometido si se pretende mantener cierto nivel de calidad en servicios clave como los sanitarios o los educativos.
En consecuencia, el curso político entrante nos hablarán de más escuelas cerradas, de posible clausura de facultades universitarias, de limitaciones en la contratación de personal sanitario o de subcontratación de servicios públicos a empresas de contratación temporal en las autonomías.
En definitiva, nos encontramos ante una contracción de lo público, puesto que el país crece, pero la administración territorial empieza a comprimirse. Y en este nuevo escenario el equilibrio entre fiscalidad y servicios prestados tendrá una influencia en las elecciones autonómicas sin precedentes.
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