Renovada Ley de Montes

El debate sobre la Ley de Montes toca a su fin. La Junta, en una decisión sorprendente, sacó por segunda vez a información pública el anteproyecto para que los interesados pudiesen recabar información y trasladar sus alegaciones. El texto expuesto esta vez se había modificado sustancialmente respecto al primero, por lo que era evidente que no se trataba de una cuestión cosmética. En consecuencia ha existido la voluntad de adaptarlo a las demandas sociales.
Esta segunda exposición ha servido también para producir un vuelco de la situación entre los partidos. La UPL, que debería haber sido el líder natural de la contestación, no ha sido capaz de hacer nada. Ha dejado en evidencia una falta de estructura, de capacidad, de ideas y de preocupación ante esta cuestión, esencial para las juntas vecinales, que desalienta. No sólo se le ha colado esta ley en Fuensaldaña, sino que tampoco ha trabajado a posteriori, cuando se levantó la ola de protestas, o cuando se ha vuelto a someter a exposición pública. Una vez concluido el periodo de alegaciones ha quedado patente que para la cúpula de la UPL las juntas vecinales, claves en la identidad leonesa, no importan nada.
El PSOE había elevado la voz en un principio, pero no calculó un movimiento tan inusual como el que ha tenido lugar: responder a la protesta con un nuevo periodo de alegaciones. Es entonces cuando se ha demostrado que esa organización es una quimera. Su aportación fue apenas unas pocas enmiendas, defendidas sin convicción, por un minúsculo y desasistido grupo de pedáneos que no habían leído ni analizado la ley. ¿Cuál es entonces la capacidad de convocatoria del partido socialista? ¿Debemos interpretar que hasta los elementos esenciales para la supervivencia de nuestros concejos valen como arma arrojadiza para los socialistas? ¿Es este el leonesismo del PSL?
De todo lo antedicho podría concluirse que estamos ante una victoria del PP, pero tampoco es así. Se trata de un partido carente de pulso que, como en otras ocasiones, nada ha añadido al debate.
Pero entonces ¿quién ha empujado esta ley? La respuesta sorprende: los técnicos. Aquéllos que acusé de corporativos en columnas anteriores se han prestado a escuchar, a explicar y a modificar aquellas partes del texto en que se les razonase y convenciese de la necesidad de hacerlo. No han admitido todo, pero la diferencia entre el último texto y el primero trasluce que se ha adoptado una actitud dialogante e inusualmente abierta.
En resumen, esta ley de montes renovada podría ser una victoria de la lógica y el diálogo, y una derrota del oportunismo y la ineptitud. Cabe reconocer y felicitar a quienes se han preocupado de acudir a los descontentos para preguntar las causas. Merecen un agradecimiento por su voluntarismo, audacia y compromiso.